Estos días se ha estado hablado mucho sobre los implantes mamarios PIP, sobre su problemática y las consecuencias que puede tener en las pacientes que voluntariamente se sometieron a una intervención para mejorar su físico y que ahora deben estar aterrorizadas pesando en lo que les puede ocurrir tras saltar a la luz toda esta polémica. Además, se añade el hecho de que nadie se hace cargo de los gastos que les supondría a las afectadas la sustitución de las PIP por otras más seguras.
El origen de estas prótesis es francés y tras su fabricación se han distribuido en un gran número de países, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela o Gran Bretaña entre además del nuestro. El nombre completo de estas prótesis de silicona es Poly Implant Prothese, y su principal riesgo reside en que los materiales de fabricación no eran los adecuados, es decir, no eran de silicona de calidad médica, sino el equivalente industrial, que tiene impurezas y toxinas y pueden sufrir rasgaduras y la silicona interior se puede filtrar. Su tasa de ruptura es de niveles hasta diez veces más altos que los considerados aceptables para los implantes mamarios en la Unión Europea.
Ante esta situación, Xavier Bertrand, ministro de Salud de Francia, ha recomendado encarecidamente la sustitución de los implantes, y a él se han sumado otros ministros como el alemán o portavoces de la Unión Europea.
Como una ayuda a las afectadas españolas, varios medios de comunicación a nivel nacional y regional se han hecho eco de algunas recomendaciones a seguir.
Prótesis aprobadas por la Sanidad Pública
La responsabilidad, en gran medida es de los estados, ya que siguiendo el proceso de comercialización, aunque las prótesis contaran con el certificado CE, cada estado decide si finalmente lo autoriza o no en su territorio. Hay casos, por ejemplo, como el de EEUU, que no autorizó los PIP. Sin embargo, el Ministerio Español, sí dio el consentimiento de comercialización.
Por esta razón, grupos y asociaciones que se han ido creado tras conocerse la información, como el grupo de afectadas por prótesis PIP en Valencia, preparan demandas contra el Ministerio de Sanidad.
Eva Giménez, portavoz del grupo valenciano ha declarado: «se trata de nuestra salud. No sabemos qué va a pasar con nosotras porque aún no se sabe con seguridad qué efectos tienen sobre el organismo, y menos a largo plazo. Queremos que las autoridades asuman los costes que conlleva la retirada de estas prótesis, como hace Francia». Algunos expertos médicos, por su parte, piensan que para evitar estos fraudes, los gobiernos deberían llevar a cabo inspecciones periódicas de los centros y los profesionales, además de crear un registro para la notificación de incidencias y problemas con los productos.
Estafa a nivel mundial
Otra opción es la de demandar a los distribuidores y/o comercializadores de las prótesis, como van a hacer en Venezuela unas doscientas mujeres portadoras de los PIP.
El abogado que lleva el caso, Gilberto Andrea, aclara que los cirujanos plásticos no serán demandados porque presuntamente también fueron timados al confiar en un producto que contaba con la garantía de la agencia de salud francesa. Hay que tener en cuenta que en Venezuela muchas mujeres eligen y compran directamente los implantes. En España, los cirujanos plásticos también se sienten engañados, se consideran tan estafados como los pacientes, que les vendieron unas prótesis como buenas y así las ponían, pensando que eran buenas.
Soy una afectada por las prótesis PIP, ¿qué puedo hacer?
Si usted es una de las afectadas y quiere demandar, el abogado español, Ignacio Martínez, lleva los casos de unas cincuenta mujeres portadoras de implantes PIP y está esperando para iniciar el proceso a que ellas decidan si finalmente quieren demandar y a quién.
Existen varias posibilidades: demandar de forma individual y/o en grupo. Según el abogado «Dado que cada mujer presenta un caso distinto [y una factura diferente], creo que lo más efectivo para que a la afectada le paguen la retirada de los implantes, la colocación de las nuevas prótesis y le indemnicen por los daños sufridos es dirigir la demanda al cirujano/clínica, ya que todas las actividades que generan riesgo público tienen la obligación de tener un seguro que pueda responder».
El problema de la demanda individual, es que cada afectada tiene que asumir los costes del procedimiento, que entre abogado, procurador y perito, puede oscilar entre 2.000 y 2.500 euros. Si las afectadas se agrupan en asociación, se elimina el problema de la condena en costas, pero resulta una vía difícil para reclamar caso por caso cuando son tan diferentes.
La última opción, aunque también la más difícil, es la de ir contra el fabricante. ¿Pero quién es realmente el culpable del fraude? Jean-Claude Mas, de 72 años, es el fundador de la red de implantes mamarios y está en paradero desconocido. Él es el responsable primario de haber fabricado un producto supuestamente dañino y contra este estafador hay que llevar a cabo una reclamación penal, lo que correspondería a los estados, algo que ya ha hecho la Seguridad Social francesa, que ha presentado una demanda «por estafa y engaño agravado» contra el fabricante.
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